Tierra del Fuego entre las tres provincias más expuestas al ajuste que propone el Gobierno

Según una nota publicada en la Nación, la situación de las provincias es uno de los temas principales en el debate nacional por saber quién hace el ajuste. Con la advertencia de dejarlas "sin un peso", las jurisdicciones que se encontrarían en riego de "mayor sufrimiento" se encuentran La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes.

La información surge de un trabajo de Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, que pondera en la misma cuenta recursos, nivel de endeudamiento, gasto corriente, dependencia del gobierno central y hasta exportaciones de cada provincia y contrasta los datos con la decisión del Gobierno Nacional de sacar la parte fiscal del paquete y bajar las transferencias discrecionales -los envíos que van a las provincias por fuera de la coparticipación, para gastos o inversiones-.

En la nota aseguran que ese recorte ya empezó: "En enero, por ejemplo, Axel Kicillof, líder bonaerense, recibió en transferencias apenas 50 millones de pesos que, si se los compara con los 37.510 millones a precios constantes de enero de 2023, representan exactamente un 99,9% menos que hace un año. “No hay plata”. Buenos Aires es, después de La Rioja, la provincia que venía recibiendo mayor porcentaje de estos envíos discrecionales en relación con sus ingresos totales. Y está novena en el ranking del Ieral de exposición al ajuste, encabezando el lote de “vulnerabilidad media”: le siguen Entre Ríos, Formosa, San Juan, Jujuy, Misiones, Neuquén y Santa Fe. En el tercer lote, de menor vulnerabilidad, aparecen Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Luis, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y La Pampa".

Esta situación partiría de un contraste reciente: "Gracias a la ley de responsabilidad fiscal impulsada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, que les exigía inicialmente no subir gastos corrientes en términos reales y empleo por sobre el crecimiento vegetativo de la población, la mayoría de las provincias tenía superávit fiscal primario en 2022. Nadin Argañaraz, director del Iaraf, recuerda que la única excepción fueron Buenos Aires, San Luis y La Pampa. Pero llegó 2023, la campaña electoral, la inflación desbocada, los reclamos salariales más duros y la mayoría de los gobernadores perdió el equilibrio fiscal".

Del listado de las provincias más vulnerables que hace el Ieral también se desprende que "Santiago del Estero es la quinta menos expuesta a un eventual ajuste de la administración central. Habría que atender en este caso variables fundamentales como su condición de exportadora del 20% de su producto, o su tasa de ahorro corriente sobre gasto, la más alta de todo el país, un 57% explicado en parte porque es también la que menos la destina al personal. La administración de Gerardo Zamora gasta en sueldos apenas 28,9% de sus ingresos, muy lejos de las que encabezan la lista de esos gastos: Río Negro (65,4%), Tierra del Fuego (64,6%) y Salta (63,2%)".

Asimismo, también se vuelve decisiva la discusión por el impuesto a las ganancias que fue dejado afuera del paquete legislativo y es coparticipable. Según el trabajo de Capello, si se fuera a aplicar cambiaría el ranking de vulnerabilidad. "En ese caso, agrega, como no sería tan gravitante la dependencia de la coparticipación, Tierra del Fuego y Río Negro pasarían a los primeros lugares entre las más expuestas, y Buenos Aires y Entre Ríos, a integrar el tercio de más expuestas".

Por otro lado, la nota habla de cómo deberían las provincias prepararse para lo que viene. En ese sentido se explica que "dependerá de cada caso, pero no parece tan sencillo desde la óptica política, porque la mitad de los gastos totales de estas jurisdicciones se va en salarios. Vale aquí un rasgo importante: los gobernadores pagan más sueldos del personal docente, de salud y de seguridad que la Nación. Y, como siempre en estos casos, se hace difícil separar lo necesario de lo excesivo. Jorge Colina, economista de Idesa, recuerda que de todo el universo de empleados públicos (unos 3,5 millones de personas, más de la mitad de los trabajadores privados), el 66% corresponde a las provincias; el 20%, a la Nación, y el 14%, a los municipios".

Otro dato, que se deprende del informe del Ieral, indica que al tope del empleo público provincial está Catamarca, con 106 trabajadores cada 1000 habitantes en 2022, seguida por La Rioja (104), Santa Cruz (103), Tierra del Fuego (103) y Neuquén (90). "Este dato tampoco debería ser considerado de modo aislado: en una provincia con escasa población, el índice sube".

“Pero lo que hay que tener en cuenta es que una economía con mucho empleo público se vuelve menos competitiva. A veces mucho empleo público hace subir el salario promedio y eso disuade al sector privado de invertir en la provincia”, sostiene Capello.

"¿La opción de las provincias podría ser ajustar, como pide Milei, sobre la casta política? Probablemente sí, principalmente en las respectivas legislaturas, pero los analistas consideran que esos gastos no representan más del 5% y que en todo caso serán esfuerzos simbólicos. No sería poco, de todos modos, si se tiene en cuenta la crisis que viene: si no llegan a un acuerdo con el Gobierno y no pueden bajar más gastos, los gobernadores deberán elegir entre subir impuestos o endeudarse", finaliza la nota.