"No están las condiciones edilicias, de tratamiento o de dignidad mínimas para las personas privadas de la libertad"

El legislador denunció que en Ushuaia "no solamente están tirados en el piso, duermen amontonados en una celda sin ventilación, con un inodoro para 60 personas. Mezclados los procesados con los condenados, igual que las personas con distintos tipos de condenas. Es preocupante, porque los fines de la pena privativa de la libertad y el tratamiento progresivo de una persona condenada persigue que primero subjetivice el delito y que luego eso permita la resocialización del mismo. Que una vez que cumpla condena pueda reinsertarse en la sociedad y evitar la reincidencia".

Villegas indicó que "hace falta que las autoridades del Poder Ejecutivo tomen la decisión de afectar recursos para solucionar esta problemática. No solo es necesario por el respeto de las condiciones de dignidad humana de los internos, sino para todos los que integramos esta sociedad. Para que la pena privativa de la libertad tenga la posibilidad de generar las posibilidades de evitar que en el futuro reincida. No es solo la construcción de una cárcel".

En Río Grande, la situación "está mucho más descomprimida. Hay sobrepoblación pero no está tan marcada como Ushuaia. Pero no tienen mobiliario para sentarse a comer, son cuestiones que pueden corregirse con un poco de voluntad política. Las que tienen en el lugar de visitas están en condiciones deplorables y terminan lastimando a las visitas o rompiendo la ropa".

El referente del MPF consideró que "en cierto modo estamos marcando un antes y un después en la historia institucional de Tierra del Fuego. Con las recorridas de este mecanismo, con las visitas y los informes que emitimos. Esto nos dará la posibilidad de generar distintos tipos de trabajo".

Por otro lado, comentó que "en el área de salud mental hay limitaciones y deficiencias. Hemos tenido entrevistas con el Secretario de Salud mental, pero las condiciones de falta de profesionales y dispositivos acordes a los requerimientos de la provincia son muy limitados".

"Es otra área con la que hay que trabajar en el tiempo. Con un ánimo de cooperación y construcción de políticas públicas tendientes a construir soluciones estructurales a los problemas. El rol del Comité es poner en escena realidades dolorosas y empujar a tener soluciones concretas en un plazo razonable",  agregó.

Consultado por las acciones que desarrollan desde el Comité, Villegas narró que pueden "hacer observaciones de situaciones que son atentatorias contra la dignidad humana, igual que recomendaciones. Pero no somos el organismo que pueda poner en marcha políticas públicas para resolver los problemas. Es responsabilidad del Ejecutivo provincial. Ponemos el semáforo en amarillo para poder causar alerta y que se solucionen problemas"

Además, aseguró que "las autoridades provinciales tienen conocimiento en esta situación, tienen competencias. Hasta hace pocos días se daba la situación de que, como no hay lugar en los establecimientos, empezamos a tener procesados con prisión preventiva en calabozos de comisarías, bajo la custodia del personal policial, cuando no debiera ser así. Las autoridades judiciales han tomado nota y han intimado al Ejecutivo para que el personal penitenciario cumpla la función de custodia. Son parches que no representarán la solución definitiva".

Sobre la próxima reunión del Consejo de la Magistratura, Villegas anticipó que "el 5 es probable que nos juntemos. Pero todavía no tenemos la formalidad. Estuve consultando y es probable que sea ese día entre las 15 y las 16 horas. Procederemos a elegir o no a un miembro del Superior Tribunal y uno para el Distrito Judicial Norte".

También habló sobre el veto parcial a la reforma jubilatoria y señaló que "el proceso de construcción de esa Ley tuvo alta participación de distintos funcionarios. A uno le sorprende esa decisión. Pero hay un artículo puntual de la Ley sancionada que se refiere al reconocimiento del derecho de las personas jubiladas bajo la Ley 1076, a que sean beneficiados con el recálculo del haber, que se reduce de 120 meses a 60. Hay un error material, no de técnica legislativa. No tengo objeción de corregirlo, porque es parte de algunas cuestiones cuando se sancionan leyes que fueron modificadas muchas veces en el tiempo".

Finalmente precisó que "en el veto del artículo 2, que se refiere a la herramienta financiera que pusimos a disposición del ejecutivo, en el caso de que exista déficit estructural, hay una diferencia en la base de cálculo. Decimos que es el 0,50% al máximo de 2 puntos sobre la totalidad de los aportes. Pero las autoridades de la Caja entienden que tiene que ser sobre la totalidad de las remuneraciones. Si eso garantiza que se puedan pagar en tiempo, no tengo ningún tipo de objeción".

"Sí estoy en etapa de estudio de la derogación de dos párrafos del artículo 14. Porque no tengo bien en claro si respeta la autonomía normativa. Aunque si me preguntan por las definiciones políticas de la Cámara, no sabría decirlo. Con los pocos que he hablado, todavía no hay definiciones", cerró.