Consenso fiscal: “La caída de recursos se compensará con fondos para obras públicas”, dijo Lucas Gallo

Por Radio Nacional Ushuaia, advirtió que “las expectativas son muy negativas para el año que viene y tratamos de buscar lo mejor para la ciudad. El proyecto de consenso fiscal presentado en la Legislatura por el gobierno lo que hace es receptar los lineamientos de la ley de responsabilidad fiscal, con las modificaciones que se están analizando en el Congreso”, dijo, y de allí se tomaron las bases para el acuerdo con las municipalidades.

Una de las pautas marca que “el crecimiento del gasto primario no tiene que ser superior a la inflación que mide el INDEC”. Además, “se congela la planta de personal al 31 de diciembre de este año, aunque no hay limitaciones para los municipios que tengan superávit financiero”, dijo Gallo.

El funcionario manifestó el condicionamiento a los municipios que no adhieran, que ya vienen sufriendo: “Con el argumento de que no estamos adheridos se nos está trabando el préstamo del banco Macro. La solicitud está presentada desde enero. Dicen que se va a destrabar con la adhesión y esperemos que así sea. Esperamos que el Concejo Deliberante apruebe la adhesión y luego el crédito se destrabe automáticamente”, señaló, y algo similar ocurriría con los fondos de la soja, que sólo serían coparticipados a los adherentes.

Respecto de la facultad de cobro del impuesto inmobiliario no hubo definiciones, pero sí en cuanto al revalúo que establece el acuerdo fiscal. “Se acordó que los municipios de Ushuaia y Tolhuin vamos a adherir a un organismo federal de Catastro, que va a centralizar la valuación fiscal de todos los inmuebles, obviamente de las provincias que adhieran”, indicó.

Explicó que se trata de “un organismo que se va a crear y además de concentrar, va a unificar el cálculo de las valuaciones fiscales. Cada jurisdicción tiene su metodología y acá desde 1996 no se hace un revalúo. Esto actualiza el valor fiscal en base a un índice de precios mayorista”, dijo.

“El revalúo determina el valor de mercado de la propiedad, que es lo que plantean a nivel nacional”, subrayó, adelantando que sería inaplicable sin un gradualismo.

“Una vez que terminen las valuaciones fiscales, las alícuotas serán del 0,5 al 2 por ciento como máximo. Nosotros tenemos una alícuota superior al 2 por ciento y deberemos ir adecuando esta estructura, y también el valor del mercado. Lo que hay que hacer es trabajar para que el impacto sea el menor posible sobre el contribuyente. Está claro que no podemos ir directamente al valor de mercado, porque las valuaciones fiscales hoy son casi simbólicas, porque son irrisorias. Si le ponemos el valor de mercado a una propiedad, el impuesto sería impagable, aunque bajemos la alícuota”, reconoció.

“Habrá que buscar un equilibrio entre la reducción de la alícuota y el aumento de la valuación, para que se haga en forma gradual”, planteó, sobre una metodología de aplicación todavía no definida.

Consultado sobre la posibilidad de coparticipar el bono de compensación que emitirá nación para paliar la pérdida de recursos de las provincias, respondió que no habrá compensación sobre los bonos “sino sobre la modificación de la ley de impuesto a las Ganancias.  Los fondos que reciban las provincias para compensar la caída de recursos se compensarán con fondos destinados a obras públicas. En este consenso se estableció que ese fondo sea coparticipable, en base a los índices de coparticipación vigentes”.

Frente a esta adecuación, Gallo estimó que “la pérdida de recursos para el municipio de Ushuaia puede ser cercana a los 200 millones de pesos. Ayer presentamos el nuevo presupuesto con una estimación de ese orden. En teoría debería compensarse, pero no sabemos de qué manera se va a ir devolviendo o coparticipando. Todavía falta información a las provincias y esto se irá reglamentando en los próximos días”.

Observó que “a nivel nacional las provincias decidieron no coparticipar los recursos. Nosotros acordamos que esta modificación del impuesto a las Ganancias sea coparticipable a los municipios, y tratamos de buscar el mejor acuerdo para que los municipios no pierdan”.

Se le recordó que el legislador Pablo Blanco había planteado que los bonos de compensación deberían destinarse en su totalidad a la caja de previsión, pero aclaró que “una cosa es la devolución de ANSES, y eso está previsto que vaya en un ciento por ciento a resolver el déficit previsional”, mientras que la compensación a los municipios será únicamente “por la modificación del impuesto a las Ganancias”.

También se analizó el financiamiento del déficit de la caja de previsión, y habría un conjunto de medidas, que incluyen el descuento a los municipios del déficit que generan respecto de sus pasivos. El objetivo es reducir el déficit global al mínimo, con otras herramientas paralelas, para que esos descuentos no sean tan significativos, a partir de una estimación superior a los cien millones para el Municipio de Ushuaia en el ejercicio 2018. “El acuerdo reafirma la decisión de sostener el régimen provincial y estamos a la espera del texto de la ley que se presentará a la Legislatura, con modificaciones de coyuntura y otras medidas estructurales. Está previsto reunir fondos de distintos lugares para cubrir el déficit. No tenemos el texto definitivo y una de las propuestas es que el ciento por ciento de bonos por la compensación del 15 por ciento de ANSES vayan a financiar la caja, y en función de la coparticipación de los municipios, se pagarían las deudas con la caja de previsión social. Se agregaron los aportes del artículo 23 de la ley 1070, y también puede ser que cubramos contribuciones vencidas o contribuciones futuras. No sólo está previsto que la devolución de fondos que va a recibir la provincia se pueda imputar al déficit de la caja para el año que viene, sino también la deuda histórica o contribuciones futuras”, manifestó.

Por último descartó la posibilidad de que los municipios se hagan cargo en todo o en parte del subsidio de gas envasado. “Este es un tema bastante polémico, porque nosotros como municipio no somos responsables del tendido de redes de gas; menos somos responsables de que exista o no fluido en la red. Nosotros podemos avanzar con la regularización de los barrios informales, que ya está presentado en el Concejo Deliberante, pero no aceptar que se distribuya el costo del subsidio, de 729 millones, porque sería imposible para el municipio afrontar siquiera una parte de ese monto. Queremos avanzar en la medida de las posibilidades y las competencias del municipio. Nosotros podemos hacer el tendido de redes, como lo hacemos en la urbanización San Martín, pero no podemos inyectar el gas, que depende de Camuzzi”, expresó.

El retiro de la acción judicial por el cobro del impuesto inmobiliario no quedó plasmado en el consenso. “Es una situación que excede al Municipio y deberá definir la provincia. Seguiremos buscando los puntos de acuerdo, y este convenio tiene que ir a la Legislatura y los concejos deliberantes para que lo ratifiquen. Luego se tiene que empezar a implementar una normativa vigente en cada jurisdicción”, detalló de la hoja de ruta.

La semana que viene habrá una reunión de comisión y recién allí los municipios podrán hacerse del texto definitivo del acuerdo que firmaron. “No conocemos en detalle el texto, pero lo tendremos antes de la aprobación en la última sesión de la Legislatura”, concluyó.